Las desigualdades en el mercado de minoristas en Europa, no es de ahora viene de mucho tiempo atrás. Estas desigualdades no solo son para los productores de suministros alimentarios de terceros países como es el caso de los productores latinoamericanos. Es también casa a dentro que se dan las distorsiones. Los productores en general han sido tratados con el mismo rasero de la discriminación y la indefensión frente al poder dominante del mercado corporativo de los retaliers.

 

Europa por ejemplo ha mantenido una larga guerra de sus retaliers en la que los suministros de banano, especialmente del Reino Unido, han hecho mucho daño a los proveedores de origen Latinoamericano. Igual Alemania con algunos de sus retaliers como ALDI, han buscado en reiteradas veces manejar menores costos de compra de suministros de banano por debajo de los costos de producción, pese a las duras exigencias de certificaciones que atosigan a los productores y encarecen el producto final.

 

Una de estas últimas escaramuzas se dio en el 2020 y lo volvieron a intentar en el 2021, con Aldi encabezando una política hostil de precios bajos para la caja de importación, en la que incluso participó la certificadora Rainforest Alliance, imponiendo nuevas normativas que mas parecen camisas de fuerzas coercitivas a los productores, según lo han destacados los representantes del sector bananero latinoamericanos a través de sus voceros.

 

Sin embargo, esto parece querer cambiar con las acciones legales de países como Alemania y Noruega de obligar mediante legislación de sus parlamentos a que las empresas de suministros de alimentos frescos se responsabilicen y diligencien acciones de prevención de abusos. El parlamento alemán, el Bundestag, adoptó recientemente la Ley de la Cadena de Suministro, que impone a las empresas alemanas la obligación de identificar y dar cuenta de su impacto en los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo forzoso e infantil, los desalojos forzosos, la contaminación por petróleo y la tierra, acaparamiento: a través de proveedores directos o extranjeros y, cuando sea necesario, también proveedores indirectos.

 

En este mismo orden en el mes de mayo, el parlamento noruego adoptó la Ley de Transparencia, que obliga a las grandes y medianas empresas a llevar a cabo la “debida diligencia”, en materia de derechos humanos y trabajo decente no solo en toda su cadena de suministro, sino en todas las relaciones de negocios.

 

Según las normas internacionales, las empresas tienen la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos a lo largo de toda su cadena de suministro, es decir, para identificar, abordar, prevenir y remediar los abusos, independientemente de si tienen conocimiento previo de los problemas.

 

Sin embargo, las leyes aprobadas no son perfectas y requieren según algunos analistas achicar algunas lagunas que pudieran a los empresarios saltarse la verja. La ley es un paso en la dirección correcta, pero tiene algunas debilidades graves que deberían abordarse en el futuro, han sugerido algunos organismos como Banana Link y la misma Coalición Europea por la justicia Corporativa.

 

En un reciente Webinar realizado por el Clúster Bananero de Ecuador, se hizo un análisis pormenorizado de los pro y contras de la iniciativa europea de la “debida diligencia” por parte de los actores de la cadena del banano tanto de Ecuador como de Europa y, las coincidencias de opinionen son favorables a la Ley de la “debida diligencia”.

 

Sin embargo, existen temores entre los mismos parlamentarios europeos de que la Ley derive, en una certificación y sea un nuevo lastre o herramienta de presión de los retaliers para justificar precios bajos a los productores de terceros países, especialmente los productores de banano de Latinoamérica.