Abaca la musácea de la esclavitud moderna
Aunque muchos
sabían y era un secreto a voces, que en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
existía una empresa cuyos dueños son japoneses, se explotaba a los agricultores
en una forma moderna de esclavitud, esto nunca se decía y se callaba tan
silenciosamente que por décadas a esta empresa denominada Furukawa Plantaciones
C. A. manejo un régimen de esclavitud moderna que solo salió a la luz gracias a
que los trabajadores decidieron denunciar el abuso laboral y un medio de
comunicación internacional como El País, de España valientemente se hizo eco de
la denuncia en la Fscalía, que ha sido apoyada por una ONG para garantizar los
derechos de los trabajadores.
Y es por este mismo
medio internacional El Pais, que nos enteramos que este jueves 23 de febrero,
la jueza a cargo, Susana Sotomayor, decidirá si llama a juicio a cinco
dirigentes y exdirigentes y, a la propia firma.
Alejandro Morales,
Ab., de los trabajadores a cargo de la acusación particular y la Fiscal
especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional, María
Susana Rodríguez, ven un caso sólido como para que haya un sobreseimiento. “Este será
el precedente para empezar a revisar muchas otras empresas como Furukawa, con
métodos aún coloniales”, afirma Morales a los redactores de El País.
Los hechos por lo que los que
Furukawa Plantaciones C.A., está ante los tribunales se remonta aproximadamente
desde el 2011, pero esta empresa tiene muchas más décadas explotando laboralmente
a sus trabajadores afirman, los denunciantes.
Las formas de explotación de
Furukawa rayan en lo inverosímil si hablamos de los actuales tiempos, es como
si esta empresa se haya quedado petrificada en los años 1800 con un rezago de
latifundismo colonial impensado en el siglo XXI. Sin embargo las narraciones de
varios de los denunciantes no dejan duda de que todavía existen seres que
consideran a otros humanos, menos a que animales de carga y los mantienen en
condiciones infrahumanas haciéndoles vivir un sistema de esclavitud, que
debería ser cosa del pasado.
La acusación señala como autores
de los delitos a Marcelo Almeida, vinculado a Furukawa por dos décadas, Iván
Segarra, antiguo administrador de campo, Adrián Herrera, gerente desde
2019, Hugo Chalen, quien
mantiene funciones comerciales desde 2001, Paúl
Bolaños, jefe administrativo de 2005 a 2006 y jefe de recursos humanos desde
2018 hasta la actualidad y la propia persona jurídica, Furukawa Plantaciones
C.A., con un patrimonio de 18 millones de dólares.
Todas estas personas están
señaladas dentro del proceso como autores materiales o intelectuales del delito
de explotación laboral en la hacienda Furukawa Plantaciones C.A., una de las
mayores multinacionales de cultivo de abaca del mundo, con sede en Santo
Domingo y Esmeraldas, cerca de la costa pacífica del Ecuador. Cabe destacar que
esta es la primera vez que trabajadores y extrabajadores se atreven a enfrentar
en tribunales a la empresa japonesa, uno de los motores económicos del país.
Este proceso es único, es considerado un hito histórico el inicio del proceso
penal contra una compañía por trata de personas
con fines de explotación laboral, también conocido en el derecho
internacional como “servidumbre de la gleba”, una condición en la que una
persona está obligada por ley, costumbre o acuerdo a vivir y a trabajar sobre
una tierra que pertenece a otra persona y a prestar servicios, mediante
remuneración o gratuitamente, sin libertad para cambiar su condición.
Furukawa Plantaciones C.A. es una
firma japonesa de reconocida solvencia internacional que en Ecuador cuenta con
un capital de 18 millones de dólares. Su actividad es la explotación del abaca
que transforma en papel moneda para luego exportar a diferentes mercados. La
empresa cuenta con plantaciones propias que sin embargo decidió entregar en
arrendamiento cruzado sus tierras a sus trabajadores para evadir la ley de
tercerización que hasta el 2011, el gobierno ecuatoriana había mantenido.
Hasta esta explotación agrícola
nunca llegaban las autoridades del MAG o del Ministerio de Trabajo. Su
ubicación era un punto muerto en la geografía ecuatoriana a toda cuenta de que
allí solo trabajaban hombre y mujeres afros. Estos mismo trabajadores no
conocían sus derechos y creían que sus vidas estaban ligadas al abaca y a los
administradores de Furukawa Plantaciones C.A., como parte del inventario de sus
activos desechables.
Diario el País en su extensa
crónica narra la vida de algunos de estos 106 valientes trabajadores de la
industria japonesa y de algunos ex trabajadores que parecen historias extraídas
de inframundo de la esclavitud como es el caso de Doña Luz, que en la
actualidad tiene 44 años y su niñez no la recuerda porque no existe ni atisbo
de haber tenido alguna vez una muñeca o algún juguete que de identidad a su
niñez.
Así mismo doña Luz, no recuerda
nunca haber estado en el patio de una escuela porque nunca pisó una de ellas.
Llegó de siete años de mano de sus abuelos a de las haciendas de Furukawa
Plantaciones C.A., y su vida pasó a ser la misma que la su abuelo: llevar y
traer en burro kilos y kilos de esa variedad de plátano con la que se fabrica
papel moneda hasta la noche. Un día tras otro.
En los 23 años que trabajó para
la firma no consiguió ahorrar “ni un peso” ni tuvo derecho de ir a ninguna cita
médica en ninguno de sus siete embarazos: “No podíamos parar de trabajar, vivíamos
de eso. Como crecí viendo eso, pensaba que era lo normal; que el trabajo era
eso. Ahora ya no tengo miedo de decir que nos trataron como
al ganado, como esclavos”.
Se destapa la olla de grillos
En 2018 un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en el primer semestre del 2019, evidencia por primera vez las irregularidades de la compañía japonesa. El informe de la Defensoría, era el descarnado relato de una situación de “esclavitud moderna”, que había pervivido durante casí seis décadas.
Era imposible cerrar los ojos a lo que estaba ocurriendo. El informe de la Defensoría no permitía mirar a un lado. Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, tenían que frenar y parar la explotación. El informe detallaba pormenorizadamente los horrores y falencias infrahumanas por la que atravesaban esas familias, en su mayoría sin saber ni leer ni escribir, totalmente analfabetos, sin conocimientos de sus derechos laborales y humanos. ¿Cómo la sociedad había tolerado tanda desidia empresarial? No había justificativo alguno por lo que se instó a diez carteras de estado que pusieran fin a los abusos.
Tuvieron que pasar algunos meses después del fatídico y liberador informe para que los ministerios de trabajo, agricultura y ganadería, salud, educación, inclusión social, secretaría de política y Fiscalía, Superintendencia de Compañías y SRI, Registro Civil constataron las mismas violaciones a los derechos humanos que denunció la Defensoría. Se iniciaba el proceso de rendición de cuentas para Furukawa en la que la Fiscalía inició una investigación de más de tres años que terminó a finales de enero de este año y que este jueves 23 de febrero se conocerá si se los llama a juicio a los imputados.
La Fiscal especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional Ab., Susana Rodríguez, afirma en su denuncia que la empresa japonesa Furukawa ha “trastocado derechos humanos en relación a la dignidad humana, la salud y la vida”. La especialista considera que se ha trabajado buscando todas las aristas sin dejar cabos sueltos, ha sido un trabajo de hormiga en el que se ha buscado la verdad. Rodríguez, cree que tienen un caso sólido de “trata de personas”, que va a marcar un precedente en el país y en la región.
Pedro Jerves, antiguo abogado de Furukawa, quien ejerce en la actualidad la defensa de uno de los implicados, Adrian Herrera, cree que la Fiscalía y los trabajadores no tienen un caso. Prefiere negarlo todo. Considera que la denuncia se ha novelado, que es algo parecido a lo denunciado por el escritos Jorge Icaza, en su novela Huasipungo.
Pedro Jerves en su comparecencia ante El País, busca invisibilizar los relatos testimoniales de los trabajadores de Furukawa y seguramente ese discurso llevará este jueves 24 de febrero en el desarrollo del proceso penal. Alejandro Morales, letrado de los 106 empleados, espera que la jueza Sotomayor siente en el banquillo a los cinco directivos y exdirectivos. “Es un llamado a la comunidad regional de que estas prácticas coloniales todavía existen. Esto tiene que sentar un precedente. Se lo deben a las víctimas y al país”.
Fuente: Investigación Diario El País /
Redacción Banana Export
Fotos: Diario El País