La Asociación de Exportadores de Plátano del Ecuador (Asoexpla) y la Comisión de Pequeños Productores de las asociaciones: Fincas El Oro, Producción y Vida, Oro Verde, Asoproabacao, Tierra Fértil, San Miguel de Brasil, Asoguaba y Asoprorey denuncian que la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación del sector productor platanero y bananero de los pequeños y medianos productores.

Sostienen que durante los últimos meses la provincia de Los Ríos, así como otras zonas dedicadas a la producción de banano y otras musáceas experimentan un incremento de actos delictivos como extorsiones, secuestros, robos y otros hechos caracterizados por un elevado nivel de violencia. Estos actos delictivos, actualmente, no solo afectan a productores de banano y plátano, sino que amenazan la integridad, seguridad e inclusive la vida de los trabajadores y de las comunidades aledañas.

Los productores afirman que el sector productivo durante este tiempo ha venido participando en las instancias convocadas por el gobierno a través de las mesas productivas encargadas de tratar asuntos de seguridad y a través de las convocatorias específicas registradas por las autoridades de la Policía Nacional y otras entidades competentes en materia de seguridad.

Al momento pese a los esfuerzos de notificación de alertas y coordinación, no se ha observado un resultado palpable positivo en las zonas de producción bananera y platanera, siendo que los delictivos se continúan suscitando causando afectaciones a trabajadores, productores y demás habitantes de las zonas productoras.

En este contexto consideran que es necesario que el estado, a través de mecanismos extraordinarios, intervenga en la provincia de Los Ríos, por lo cual solicitan la declaración de estado de excepción por grave conmoción interna con la finalidad de que pueda disponerse la incursión de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Los peticionarios solicitan se ubique al personal armado en sitios estratégicos del espacio territorial de la provincia, así como la implementación de otras medidas extraordinarias durante el tiempo de vigencia del estado de excepción para contener, mitigar y reducir los hechos violentos contando con los recursos necesarios y capacidades para enfrentar la situación y garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos.