Machala, 6 de febrero de 2025

La Asociación de Bananeros Orenses, junto a gremios productores como la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (FENABE), la Federación Nacional de Productores de Plátano (FENAPROPE) y los centros agrícolas de Machala, El Guabo y Santa Rosa, participaron en la audiencia de la Corte Constitucional presidida por la Dra. Carmen Coral Ponce.

En esta sesión se analizó la acción de inconstitucionalidad presentada por Richard Salazar, representante de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (ACORBANEC), contra los artículos 4 y 7 de la Ley del Banano, que establecen sanciones por el incumplimiento del pago del Precio Mínimo de Sustentación (PMS).

Durante la audiencia, los gremios de comercializadores, representados por AEBE y ACORBANEC, así como exportadores de plátano y miembros de AGROBAN, no lograron demostrar fundamentos sólidos que justifiquen la eliminación de estas normativas. Los productores recalcaron que los argumentos sobre inseguridad jurídica, desproporcionalidad en las sanciones y supuesta confiscación de bienes carecen de sustento, ya que nunca se han producido tales situaciones.

El abogado de los productores, Dr. Francis Abad López, enfatizó que las sanciones establecidas en la Ley del Banano responden a un debido proceso y buscan garantizar el pago justo a los agricultores. Además, aclaró que la suspensión de operaciones de un comercializador no afecta la continuidad de sus actividades, ya que estos suelen operar bajo múltiples registros en el Ministerio de Agricultura, lo que desmiente cualquier afirmación sobre una posible quiebra de empresas.

En esta misma línea, el abogado de la Procuraduría General del Estado respaldó la legitimidad de las sanciones, recordando que su implementación responde a la necesidad de frenar abusos históricos por parte del sector exportador. Asimismo, destacó que el Estado, en su rol de garante de derechos, ha trabajado para generar equidad y justicia en la cadena de comercialización del banano y el plátano.

Ante estos hechos, los productores solicitaron a la Corte Constitucional que rechace la acción de inconstitucionalidad y archive el proceso, garantizando así la protección de los agricultores y el cumplimiento de las normativas vigentes en el sector.

Fuente: ABO, FENABE / María Fernanda Carvajal/ Directora de Prensa