Ley del banano amenaza con crispar a productores por denuncia de inconstitucionalidad de los artículos 4 y 7
Los periodistas y los productores de banano han llegado casi puntual a
una pequeña sala de sesiones donde se desarrollará la rueda de prensa convocada
por los productores de banano. Ellos han escogido la capital de la República,
Quito, lejos de la gran sabana verde de hojas de la musácea más exportada en el
país. Están allí porque quieren impugnar la solicitud de inconstitucionalidad
de los artículos 4 y 7 de la Ley del Banano, planteada por un sector de
exportadores de Acorbanec, a la Corte Constitucional que próximamente dirimirá
esta demanda.
Aunque la mañana es muy fría la veintena de dirigentes bananeros entre los que
destacan Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de el Oro
(ABO), Jonathan Ortiz, productor bananero del Guayas, Francis Abad, abogado del
Centro Agrícola del Guabo y Byron Paredes, ex-dirigente del sector y conocido
productor de la provincia de Los Ríos, se muestran con buen talante listos para
dar batalla a lo que consideran una ilegalidad y patraña del sector exportador.
La controversia nace con la presentación en julio del 2022, del pedido de
inconstitucionalidad presentado por el Ing. Com. Richard Salazar, Director
Ejecutivo de ACORBANEC, uno de los gremios exportadores, a la Corte
Constitucional. La impugnación es a los artículos 4 y 7 de la Ley del Banano,
vigente desde el 16 de Abril del 2004, aunque la Ley esta vigente desde 1997.
Los artículos impugnados contienen las sanciones para los exportadores que
incumplan el pago del precio mínimo de sustentación (PMS), que este año fue
fijado en $7,25. Estas sanciones son consideradas por su naturaleza pecuniarias
y penales desproporcionadas en función de la infracción a decir de la vocería
del sector exportador.
Los productores representado por el Ab. Francis Abad, del Centro Agrícola del
Guabo, señaló que los productores buscarán impugnar la sesión de la Corte
Constitucional del pasado 5 de febrero, al no haberse convocado a una de las
partes constitutiva de esta Ley como es la Asamblea, quien fue parte sustancial
y debió escucharse el pronunciamiento de su delegado.
Adicionalmente señala el Ab. Abad, que los exportadores han buscado
sorprenderlos porque luego de que la Asamblea, rechazó la inclusión de un
artículo por el cual se legalizaba la compra spot con la que pretendían dejar
sin sustento el PMS, legalmente acordado por la parte vendedora y compradora
los exportadores a los pocos días fueron convocados por la Corte
Constitucional, dándoles apenas 3 días para dirimir la impugnación de
constitucionalidad de los artículos 4 y 7 de la Ley del Banano.
Para el representante de los productores Ab. Francis Abad, la convocatoria de
la Corte Constitucional cayó en un vicio legal al estar incompleta la
representación del estado al no haberse convocado a la Asamblea. La jueza
sustanciadora solo convocó únicamente a la Presidencia de la República y no
corrió traslado de la convocatoria a la Asamblea Nacional.
Esto afirma el Ab. Francis Abad, se torna en un asunto sumamente grave, porque
la Asamblea es el defensor natural. Es este organismo el que tiene que
establecer la defensa de lo actuado por el Congreso Nacional cuando se promulgó
la Ley, hablamos del año 2004. Sentencia que son ellos los que tienen la
historia de los argumentos, los fundamentos de la creación de esos artículos y,
son ellos los que debieron decirle a la juez constitucional, que ese proceso de
creación normativo observó todo el procedimiento en cuanto a lo constitucional.
Por esta razón, sostiene el Ab. Abad los productores han planteado a la Corte
Constitucional un vicio en el procedimiento que tendrá que atender la Jueza.
Los productores están pidiendo una resolución de nulidad a lo actuado el pasado
5 de febrero y se vuelva a convocar a las partes con la participación del Ab.,
de la Asamblea dada la trascendencia y la importancia ya que aplica el sostén
jurídico de una Ley que en teoría beneficia a los productores bananeros en
general.
Mientras el pronunciamiento del productor bananero de la provincia de Los Ríos,
Byron Paredes Montero, es que sin estos artículos la Ley del Banano, no tiene
sentido. “Las leyes, las normas, justamente nacen y se hacen para generar
sociedades incluyentes, sociedades integrales, integradoras, sociedades para
civilización. Si no existe la normativa, la regulación, es un caos, es como una
barbarie, como una época de caverna, entonces son necesarias justamente para
permitir el equilibrio, para que los actores tengan una formalización, para eso
existen las leyes, sin el artículo 4 y 7 no tendría ningún sentido la ley. Esto
sería una pérdida para el Estado de Ecuador.
Para el Ab. Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro
(ABO), los productores han presentado los argumentos de hecho y derecho y han
comparecido por sus propios derechos y lo están haciendo mediante un
profesional que han designado. Solano Considera que no hay argumentos validos
para que se vaya a dar paso cuando la otra parte, representada por Acorbanec no
ha presentado el listado de exportadores que hayan sido sancionados, que hayan
sido multados o peor que exista exportadores que hayan quebrado, por lo que
ellos plantean como atentatorio contra la propiedad privada, la seguridad
jurídica en la que se evidencia la desproporcionalidad de las sanciones.
Solano revela que los pequeños y medianos productores de banano, en vista de
que la petición expresa del sector exportador no tiene asidero ni sustento en
la veracidad de los hechos en cuanto a la fundamentación, debe archivarse la
misma, delcarse sin lugar y archivarse.
Segundo Solano cree que de darse paso a la inconstitucionalidad la Corte
Constitucional dejará al universo de los pequeños y medianos productores en
total indefensión frente al sector exportador que se empoderará aun más y lo
primero que hará es saltarse el cumplimiento del pago del precio mínimo de
sustentación. Por ello al no estar claro la posición de la Corte
Constitucional, Solano dijo están trabajando en la organización de una gran
marcha hasta la capital y expresar su protesta, rechazo y más que todo defender
sus unidades productivas, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad
privada, el derecho a una vida digna y el derecho inalienable de miles de
hombres y mujeres en el país de tener un salario digno de esta actividad.
LEY DEL BANANO ES POLÍTICA
Richard Salazar, Director Ejecutivo de Acorbanec defiende el
planteamiento de inconstitucionalidad de los artículos 4 y 7 de la Ley del
Banano, planteada en julio del 2022 como representante legal del gremio por lo
que considera específicamente por la desproporcionalidad d la sanciones.
“Fíjese usted que para exportar banano, a nosotros los exportadores nos piden
poner una garantía o caución para respaldar el pago del precio mínimo de
sustentación al productor, y que en el evento del caso de incumplimiento del
precio del pago del precio mínimo de sustentación, luego de un proceso
administrativo y si se establece el incumplimiento, no solamente que se ejecuta
la caución garantizándole el pago al productor, sino que adicionalmente la
autoridad administrativa tiene la facultad de multarte de acuerdo a cómo
amanezca, porque le da, digamos un tema que lo pone en función de lo que no se
pagó entre 25 a 50 veces del valor no pagado o evadido. Por ejemplo si lo que
no se pago son cincuenta mil dólares, a discrecionalidad de la autoridad puede
poner una multa de entre veinticinco a cincuenta veces, es decir, entre un
millón ciento cincuenta mil y dos millones y medio de dólares. Entonces, es un
tema que muy desproporcionado en función de la infracción. Es un poco lo que
estamos de fondo exponiendo con toda la argumentación legal, por supuesto, de
que no es que estamos en desacuerdo de que se establezca una sanción. Si es que
hay que sea proporcional en función de la infracción, es todo lo que estamos
pidiendo”.
Richard Salazar, considera que el tema se ha convertido en político. Señala que
la Ley esta próxima a cumplir 30 años, fue expedida en agosto de 1997 y el país
era otro, fue hecha para una realidad distinta a la que vivimos actualmente.
Salazar considera que por esa época la política le metió la mano al banano y
que todavía le sigue metiendo la política la mano.
Salazar cree que los productores no han sido informados plenamente del
planteamiento del sector exportador. Afirma que no quieren una Ley del Banano,
que elimine las sanciones sino que estas sean justas y proporcionales al
negocio bananero. “Pero en todo caso enfocándonos específicamente a esto lo que
buscamos de fondo es una reforma o un cambio en la sanción no es que estamos
diciendo que no se ponga una sanción que se ponga pero que sea proporcional en
función de la infracción”.
Salazar sostiene, que tanto el sector productor como exportador han tenido el
chance de exponer sus puntos de vistas. Si ellos, refiriéndose a los
productores, están en desacuerdo bueno tienen una oportunidad de exponer su
planteamiento técnico legal sustentado nada más. “O sea es un tema simplemente
de establecer una sanción proporcional en función de la infracción, no
cualquier disparate como se ha creado en esa ley, si bien es cierto, tiene casi
treinta años y no han hecho esto antes, bueno, porque respondan los anteriores,
pero nosotros respondemos a un grupo de exportadores que de una otra manera
hemos visto que solamente esa normativa sanciona una parte pero no a todos
cuando incumplen, porque también hay productores que incumplen por ejemplo sus
contratos y, digamos ahí no pides ninguna caución y no hay ninguna sanción. No
es una ley equilibrada al final del día y, no estamos diciéndoles establezcan
sanciones a los productores. Nosotros creemos que esa ley está además, es el
único sector de exportación que está regulado por una ley que sólo fija un
precio y establece condiciones solamente para sancionar. Estamos descartando
cosas importantes como tema de productividad, temas comerciales, temas de
asociatividad que no están incorporadas en ninguna parte de la normativa”.
La rueda de prensa termina y los periodistas vuelven a sus mesas de redacción
mientras que los productores y dirigentes bananeros no saben cuántos rounds más
tendrán que pelear antes de dar un nocauts técnico, antes que la Ley termine de
engullir al sector.
